Decretazo del Gobierno a la universidad pública
El ‘renovado’ 3+2 y la intención de Manuel Castells de llevar a término la política educativa del PP.
En el marco de la crisis desatada por la COVID-19 cuyas consecuencias se han cargado sobre las espaldas de la clase trabajadora, los efectos sobre el estudiantado han sido también significativos: la falta de garantía en las evaluaciones se ha ido manifestando en lo concreto de cada universidad; la desigualdad educativa se ha agudizado durante el confinamiento y han aumentado los niveles de ansiedad y estrés; docentes y estudiantes han afrontado los problemas de la docencia online y gran parte del estudiantado ni siquiera dispone de los equipos, libros y materiales que dejaron en sus pisos y residencias al retornar a su domicilio familiar tras el decreto de Estado de Alarma.
Mientras todo ello ocurría -y ocurre-, el Ministro Castells afirmaba temerariamente que ningún estudiante perdería el curso por la COVID-19, negaba la existencia de la brecha digital y acusaba al estudiantado de haber dejado sus pisos y residencias por irse a lugares más “divertidos”; para, después, anunciar a bombo y platillo la subida en una cuantía de 100€ las becas y la posible bajada del precio máximo del crédito universitario. Parece haber olvidado que todos aquellos estudiantes abocados al suspenso -que en las presentes condiciones no son pocos- son inmediata y directamente impedidos del acceso a la beca. Ambas medidas muestran su insuficiencia al ser puestas en relación con las condiciones generales del contexto presente. La destrucción de empleo y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras —del cual depende el acceso de sus hijos e hijas a la universidad— es lo suficientemente significativo como para que las medidas anunciadas se queden en la exigüidad más absoluta. El curso comenzará con miles de estudiantes de clase trabajadora expulsados del sistema educativo.
La insuficiencia de estas políticas no es sólo tal, sino que ha de ponerse en relación al objeto de la presente resolución. Y es que el Ministro Castells y el Gobierno, en medio de la crisis desatada y sus nefastas consecuencias —y mientras venden su carácter social a través de, entre otras, las recién mencionadas medidas—, han abierto la veda para adaptar la universidad española a las necesidades de las empresas conforme a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello, se han iniciado ya los trámites para la aprobación del llamado Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español.
Pero… ¿en qué consiste este Real Decreto? No responde, precisamente, a la intención de dar pasos atrás en la privatización universitaria; no deroga la política de recortes educativos condensada en el RD 14/2012 de Jose Ignacio Wert; ni tampoco reduce el costo del crédito —al revés, mantiene la diferenciación de los precios públicos en función del nivel de enseñanza al que se quiera acceder. La propuesta del Gobierno progresista supone todo lo contrario: continuar, consolidar y apuntalar el proceso iniciado con la implementación del Plan Bolonia y el modelo 3+2. El Ministro Castells recoge de esta forma el testigo de la política educativa del Partido Popular. Ello no significa cosa distinta a una universidad adaptada, más sin cabe, a las necesidades coyunturales de las empresas de mano de obra barata y poco cualificada: el nuevo RD permite, de esta forma, la devaluación de nuestros títulos (mediante la tecnificación de los grados de 3 años) a la vez que se dificulta progresivamente nuestro acceso a los estudios más avanzados (másteres y grados de 4 años). Pero… ¿en qué elementos se concreta todo esto?
El modelo 3+2, de nuevo a debate
La exposición de motivos del Real Decreto referido señala lo siguiente: “Este real decreto, consolida el que los Grados puedan ser de 240 créditos (con la excepción de aquellos que por directrices europeas deben ser de 300 o 360 créditos) y de 180 créditos. En este último caso, los Grados deberán focalizarse en aquellos ámbitos de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural que respondan a nuevas demandas sociales, laborales y económicas”. Sin embargo, se añade a esta cuestión lo dispuesto en el art. 12 del RD, que señala que “en los casos en que una titulación de Grado tenga 180 créditos, las Universidades podrán arbitrar ofertas formativas de Máster complementario al Grado, para que la formación generalista de estos Grados pueda completarse, en su caso, con la mayor especialización del Máster”.
Parece que el objetivo de la reforma propuesta no es sino la devaluación de los grados de corte más técnico, para, a su vez, reforzar las barreras económicas que impiden al estudiantado con menos recursos el acceso a los estudios de máster que, en su caso, vienen a complementar la formación de los grados de tres años. En última instancia, se vislumbra un paso más en la especialización del sistema universitario: una especialización que es por definición contraria a cualquier perspectiva de formación integral y holística que en ese marco permita la formación específica del estudiante -y contraria, por tanto, a las necesidades educativas de los hijos e hijas de la clase trabajadora— y que en todo caso favorece la formación de la mano de obra hiper-especializada y departamentalizada que las empresas requieran.
La Formación Dual en la Universidad
El proyecto de RD en cuestión plantea la posibilidad de la mención Dual tanto para grados como para másteres. En esta modalidad, las prácticas deberán ocupar entre un 20% y un 50% de los créditos y serán de tipo laboral; es decir, distintas a las prácticas curriculares al uso que son de tipo no laboral y que impiden por ley la realización de tareas propias de un trabajador. De esta forma, se abre la posibilidad de que —hasta en un 50%— la “formación” universitaria convierta a los estudiantes en mano de obra barata, consolidando legalmente situaciones que hoy en día suponen un fraude de ley y naturalizando la precariedad como vía de inserción en el mercado laboral. Todo ello no supone, de facto, sino un mecanismo más para hacer extensiva la precariedad característica del empleo juvenil al conjunto de la clase obrera y tirar a la baja las condiciones generales del mercado de trabajo. Implica, además de externalizar la mitad de la formación a entidades ajenas a la propia institución universitaria, un mecanismo que refuerza la participación e influencia directa e indirecta de las empresas privadas en la educación.
La educación al servicio de los intereses privados
El Real Decreto incluye, además, elementos que conducen a la liberalización e individualización de los itinerarios formativos —que sólo beneficia a quien en base a su renta puede acceder a los itinerarios más completos—, introduciendo la opción de construcción del itinerario académico en base a criterios individuales para después reconducir la formación a una de las ramas escogidas en inicio. Ello, además de perjudicar a la mayoría de estudiantes que únicamente puede acceder a los estudios de grado mas básicos -si es que puede acceder a la universidad misma-, rompe además con toda perspectiva integral de la educación y la coherencia formativa.
Otra serie de cuestiones son introducidas por el proyecto del Gobierno de Coalición, como la equiparación de titulaciones oficiales y títulos propios -y la consecuente pérdida de calidad educativa- o el encubrimiento bajo la denominación de títulos de Grado o Máster de estudios de otra naturaleza. En síntesis, el contenido analizado en su conjunto responde a un elemento que el propio texto no pretende esconder: la adaptación de las enseñanzas universitarias a las necesidades coyunturales del mercado de trabajo. Esta afirmación, en abstracto, no sonará mal a muchos lectores; pero es en realidad criminal si reconocemos que el mercado de trabajo se rige por la obtención del máximo beneficio empresarial a costa de nuestro trabajo —nuestra explotación— lo cual requiere de cada vez peores condiciones para nuestra clase, nuestras familias y nosotros mismos. No son otras sino esas las presentes necesidades privadas que, más aún en contexto de crisis, requieren de un sistema educativo a su medida.
En definitiva, el Gobierno profundiza el modelo 3+2
En síntesis, pretende ser el Gobierno de coalición progresista quien finalmente lleve a término el proyecto de reforma universitaria que consolida en España el modelo 3+2, junto con toda la batería de medidas que, a partir de directivas y orientaciones europeas, no pudo -o sólo pudo parcialmente- aplicar el PP. No sólo queda de nuevo al descubierto el verdadero carácter de la Unión Europea a la hora de orientar y definir la política educativa de los países miembros conforme a los intereses de los monopolios —y en contra del pueblo trabajador y sus hijos e hijas—, sino que no existe ya margen de duda a la hora de caracterizar al Gobierno, a los Partidos que lo integran y los intereses de clase que en última instancia defienden y representan.
Enfrentamos un final de curso difícil, muy especialmente para los hijos e hijas del pueblo trabajador, que se enfrentan a los exámenes finales desde circunstancias tremendamente complicadas para ellos y sus familias. Las consecuencias de la crisis se arrastrarán al comienzo del curso que viene, cuando sean miles los estudiantes que no puedan pagar las tasas universitarias y se vean empujados a abandonar sus estudios. Por la fuerza de los hechos, queda claro ya que será el Gobierno -sea del color que sea- quien nos salve de las consecuencias de la crisis. Por la fuerza de los hechos, queda claro, ahora más que nunca, que depende de nosotros defender nuestros derechos y que no hay confianza en ningún gobierno a costa de nuestra organización, pues de ella depende nuestra fuerza. Desde el Frente de Estudiantes llamamos al conjunto del estudiantado a luchar por una educación completamente pública y gratuita, que se estructure en base a las necesidades de la sociedad en su conjunto -y no las de la empresa privada. Llamamos al conjunto del estudiantado, con el horizonte de una nueva educación —integral y al servicio del pueblo trabajador— a organizarse en sus centros de estudio, confrontar cada ataque e intensificar la lucha por cada estudiante, cada compañero o compañera, expulsado de la universidad. Llamamos luchar activamente junto con la comunidad universitaria contra la aprobación del nuevo 3+2, pues su paralización dependerá sólo y únicamente de nuestra fuerza organizada.
