Contra la Llei Aragonés

Dirección de Cataluña

La sombra del neoliberalismo se cierne sobre Catalunya. Para entender la Llei Aragonès, debemos entender que las reformas de los últimos años no solo han consistido en privatizaciones, desregularizaciones o aperturas comerciales y financieras; sino que también han incluido reformas (y a decir verdad, contrarreformas) en el mercado de trabajo.

Y precisamente este último requisito dentro de las reformas laborales, en su sentido más amplio— se constituye en Catalunya como una de las dinámicas más vigorosas de la actualidad política (a pesar de lo que podría parecer, atendiendo a los principales focos mediáticos). Con el fin de fomentar la vanagloriada flexibilidad laboral, se precarizan las condiciones laborales, se facilita el despido, empeora la protección social, etc. En correspondencia con las directrices de la UE, los Gobiernos de España, del PSOE primero y el PP después, echan por tierra la inversión y el empleo públicos conquistados por el movimiento obrero —tantas veces conjuntamente con los estudiantes— durante décadas de esfuerzo infatigable. Asimismo, desde la Generalitat de Catalunya, los gobiernos del actual PDeCat (en coalición gubernamental, primero con Unió Democràtica y con posterioridad con ERC; y fuera del gobierno, con el necesario apoyo de la CUP) han avanzado en el desmantelamiento sistemático del empleo y la inversión públicos que están a su alcance. Incluyendo, por supuesto, importantes servicios públicos en materia de educación.

Pere Aragonès (cuyo apellido, como salta a la vista, ha servido de sobrenombre a la propuesta de ley que aquí consideramos) es Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, un político de ERC y, por consiguiente, de ideología neoliberal-socialdemócrata (o social-liberal, o, en fin, como se quiera denominar a esta especie de ideología que conjuga un discurso social con políticas de desarrollo mayormente promercado). Hablando en plata, Pere Aragonès es el principal promotor de una nueva adquisición que busca actualizar el arsenal legal de la Generalitat y modificarlo en consonancia con los designios de las grandes empresas; para ello, se diseña la llamada Llei Aragonès, que —como se demostrará más adelante— confronta directamente a un amplio sector del pueblo trabajador de Catalunya. De ser aprobada, esta ley blindaría los efectos perniciosos de la externalización (es decir, la primera fase de la privatización), e infligiría dichos daños a un gran número de servicios públicos que —con la única excepción de los más ricos— la mayoría social de Catalunya consumimos. Incluidos, como veremos a continuación, servicios públicos sensibles relacionados con la educación.

En síntesis, la Llei Aragonès se conforma, principalmente, de una serie de requisitos que las empresas deben cumplir para poder realizar actividades públicas que son competencia de la Generalitat de Catalunya. En una palabra, se trata de una ley que explica, blinda y promueve el futuro funcionamiento de la externalización (a saber, de la incipiente privatización) de servicios públicos a nivel de Catalunya.

Pero, ¿qué razones llevarían al señor Aragonès a promover una ley de estas características? ¿cuáles son los argumentos aduce el Govern para impulsar esta ley? Veamos sus tres argumentos principales:

1. Nos dicen que la razón principal que inspira esta propuesta de ley es la mejora de la calidad de los servicios, ya que la ley contempla un baremo que subordinaría (de forma relativa) el coste a la calidad del servicio (no obstante, la reducción del gasto público seguiría siendo importante en dicho baremo, aunque no tanto como la calidad).

No nos dicen, sin embargo, que se trata de un argumento cuyas premisas implícitas son en gran medida polémicas. En primer lugar, porque presupone que solamente el sector privado puede ofrecer buena calidad y bajos costes. En segundo lugar, porque pide por principio, de forma igualmente capciosa, una única disyuntiva ente calidad o coste, cuando cabrían otras muchas consideraciones previas.

La primera de estas consideraciones eludidas debería ser, simple y llanamente, si conviene privatizar o no. Si, por un lado, se pretende mejorar la calidad de los servicios, cabría plantear que la supresión definitiva de puestos de trabajo para personal funcionario o laboral público —que disfruta de mejores condiciones laborales— se debe imponer mediante un proceso de precarización que, presumiblemente, actúe en detrimento de la calidad; también cabe añadir que la propia lógica del movimiento del sector privado tiende a subordinar la calidad a los beneficios económicos. Si, por otro lado, la finalidad consiste en reducir costes, de nuevo, se obvian elementos de importancia central; tales como el propio beneficio privado: esto es, por mucho que se precaricen los trabajos y se reduzcan sus costos, un nuevo componente pasaría a engordar el coste final, a saber, las rentas del capitalista adjudicatario. En conclusión, el proyecto de ley supone una precondición que no podría demostrarse: que no existe alternativa a la externalización.

2. Nos dicen que la «Llei Aragonès» servirá para mejorar las condiciones laborales de quienes ya trabajan en servicios externalizados. No nos dicen que empecemos por estudiar la historia económica reciente (y, asimismo, los antecedentes de la precariedad laboral) para tratar de encontrar ejemplos en los que la externalización y privatización del sector público contribuyan a mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora; evidentemente, no nos dirán algo así porque no encontraríamos tales ejemplos, pero sí otros muchos que apuntan en el sentido opuesto.

Este argumento no es serio; y solo podría pasar como válido, además, apoyándose en nuestra pretendida desmemoria. Es más, a día de hoy, es lamentable tratar de hacernos creer que las condiciones laborales vayan a mejorar en tanto en cuanto el sector público sirva en bandeja una mayor cantidad de puestos de trabajo al sector privado, cuyo movimiento natural —recordemos— consiste en aumentar beneficios particulares precarizando a los trabajadores y vendiendo bienes o servicios de la calidad mínimamente indispensable para el mercado. Por mucho que el Govern se empeñe en disimular la precarización que conlleva necesariamente esta ley (por ejemplo, en una primera fase de implementación en la que, previsiblemente, se garanticen los mismos derechos a los trabajadores), las dinámicas del sector privado se impondrán tarde o temprano con una fuerza fatal para los trabajadores y, consiguientemente, para los consumidores de los servicios públicos. Esto es un hecho que, lamentablemente, conocemos demasiado bien.

Cabe destacar, por último, que se trata de una precarización especialmente grave, ya que las competencias cuya titularidad corresponde a la Generalitat se relacionan con los sectores «más frágiles y vulnerables» de nuestra sociedad, tal como indica la propia propuesta de ley. Desmoronar el sector público, reducir la inversión en el mismo, disminuir tanto el personal funcionario como el laboral público, provocar rebajas salariales, etc. no son medidas eficaces para mejorar la situación del pueblo trabajador y los sectores populares, sino todo lo contrario.

3. Nos dicen que la ley es necesaria por el motivo de que esta es tan solo la adecuación a nivel de Catalunya de la Directiva 2014/23/UE de la Unión Europa y de la Ley (estatal) de Contratos del Sector Público.

No nos dicen que el proyecto de ley del Govern profundiza más en la extensión e intensidad de la externalización de lo que estas dos normas jurídicas exigen. El Govern se desmarca, motu proprio, como precursor de esta política económica, como explorador de los confines del neoliberalismo en la UE; promoviendo por su propia iniciativa uno de los mayores derribos del sector público de las últimas décadas. No solo para homogeneizar las externalizaciones y privatizaciones ya realizadas, sino, sobre todo, para sentar las bases de su expansión con una inusitada creatividad puesta por entero a disposición del sector privado.

Finalmente, señalaremos algunos servicios relacionados con la educación cuya privatización se impulsa y protege con este proyecto de ley. Estos son los servicios de la restauración, las cafeterías, los comedores y los suministros, en general, de comida; también de los comedores escolares, en particular. (Se excluyen los servicios de máquinas expendedoras y de comedores para el personal: sirvan ambos casos para demostrar hasta qué punto esta propuesta de ley es arbitraria, y la privatización sistemática que promueve no constituye una necesidad, sino una decisión política con sus correspondientes intereses). Se externalizarán los servicios de educación preescolar, de educación especial, de educación para adultos (común y universitaria), y diversos servicios más relacionados con la formación. También saldrán perjudicados los servicios de monitores, de atención especial y acompañamiento para alumnos de educación obligatoria con necesidades educativas especiales o en situación de riesgo de exclusión; asimismo, los servicios de apoyo o formación permanente del personal docente destinado a este alumnado serán externalizados. Además, se externalizará el transporte escolar.

Por si fuera poco, hay otros tantos servicios que ni siquiera hemos recogido aquí. Esta simple enumeración —que en modo alguno es exhaustiva— demuestra las enormes dimensiones del incipiente peligro al que se enfrentan tanto los trabajadores de nuestro entorno como nosotros mismos, los estudiantes, en nuestros centros de estudios.

Por todo ello, el Front d’Estudiants denuncia que la Llei Aragonès no está al servicio de los estudiantes ni del pueblo trabajador o las capas populares, sino de quienes quieren convertir los servicios públicos catalanes en un negocio. Por ello, exigimos que se abandone con la mayor celeridad y, en cambio, se sustituya por la internalización de los trabajadores de los servicios aludidos por la ley. Solo así se garantizarán servicios públicos de calidad, a la par que buenas condiciones laborales.

Además, mostramos nuestro apoyo a los sindicatos y colectivos que se han expresado en este sentido; y manifestamos, a su vez, que son los estudiantes y trabajadores, en general, de estos sectores quienes cuentan con nuestra solidaridad incondicional.

¡Por una educación gratuita, de calidad y a disposición del pueblo trabajador y las capas populares!
¡No a la privatización ni al deterioro de la calidad de los servicios públicos y educativos!
¡No a la Llei Aragonès!

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