Sobre el cierre de curso y las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación

Comisión Ejecutiva General

El miércoles 15 de abril, un mes después de que fuera decretado el estado de alarma, la comunidad educativa ha sido informada de las claves esenciales del cierre del curso escolar. Informada, que no consultada, de forma que se hacen plenamente evidentes las carencias un acuerdo que llega lo suficientemente tarde como para que una mayoría de estudiantes se hayan visto ya afectados académicamente.

Desde el principio de la epidemia ha quedado patente que la desigualdad generada no es sino una agudización de una brecha de clase ya existente; así como resultado de las carencias de un sistema educativo que progresivamente expulsa al estudiantado con menos recursos. Si algo queda al descubierto tras la crisis sanitaria -cuya resolución en lo educativo se ha cargado a las espaldas de docentes- es la falta de medios y recursos en los centros públicos. Por ello, la evaluación diagnóstica sin efectos académicos (el mal llamado aprobado general) es insuficiente en tanto que supone postergar un problema que se expresará inevitablemente el curso que viene. De hecho, tal y como ya ocurre en circunstancias de normalidad, aunque se pase de curso, las materias suspensas se arrastrarán. 

Parcial y vagamente se aborda este problema prometiendo profesores y planes de refuerzo, de cuya necesidad nadie duda pero cuya adecuación a las necesidades educativas dependen de su materialización concreta. Parcial y vagamente por su necesidad pero a la vez insuficiencia (si partimos del estado de desmantelamiento de la escuela pública), en la medida en la que son muchos otros los problemas manifiestos que dificultarán abordar la agudización de la desigualdad. Las ratios elevadas o la falta de recursos materiales y profesionales en los centros son algunas de las exigencias inmediatas a las que se debería atender.

Por otro lado, se aborda el problema a través de la apertura de los centros educativos en verano, de forma que tras tres meses de confinamiento, los estudiantes más golpeados por la crisis, cuyas familias más dificultades tienen, tendrán opción de volver a unas aulas en dudoso acondicionamiento para la actividad académica estival. Rechazamos esta fórmula por no responder a un criterio pedagógico y de excepcionalidad; pero además -y a falta de una mayor concreción en la propuesta- exigimos que dicho servicio no sea en ningún caso prestado por entidades privadas.

Quedan todavía incógnitas: algunas se mantienen a discreción de las CCAA, como es el caso de la adaptación curricular (si se avanzará en los contenidos o se impartirá materia de refuerzo); otras, como el criterio por el cual se dilucidará en que excepcionales casos existe repetición de curso, simplemente quedan inconclusas. Sin embargo, ninguna de las medidas pasa por entender y, por tanto, abordar, la principal conclusión que extraemos de esta crisis: las carencias evidentes del sistema educativo y la desigualdad estructural sobre la que se sostiene.

De nuevo, con las medidas acordadas sobre la mesa, afirmamos que serán los estudiantes procedentes de familias trabajadoras -víctimas de la destrucción de empleo, del contagio, de la falta de medios y recursos para la atención específica a sus necesidades de aprendizaje, en riesgo de abandono escolar…- los más duramente golpeados por las consecuencias del confinamiento. En ese sentido, llamamos al conjunto de docentes, estudiantes y familias a la reflexión: esta crisis ha puesto de manifiesto las evidentes carencias de nuestro sistema educativo, pero también ha clarificado la orientación de la gestión educativa del Gobierno. Saldremos de nuevo a la calle y volveremos a las aulas, y será entonces nuestra tarea, desde cada centro de estudios y a partir de nuestra lucha, sentar las bases para la construcción de un sistema educativo al servicio del pueblo trabajador.

Comisión Ejecutiva General

15 de abril de 2020.

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